LA DEMOCRACIA CRISTIANA IV

 

QUÉ ESTABLECE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

¿Qué es la democracia cristiana? Es un régimen que establece la alianza de la política con la moral, la cooperación mutua entre la Iglesia y el Estado, la armonía entre los diferentes sectores sociales, la coexistencia del bien común y la libre iniciativa privada, la conciliación de la autoridad estatal con los derechos de la persona humana, la compatibilidad del patriotismo con la fraternidad universal, y la síntesis de la justicia social con las libertades políticas.

Boletín del Partido Demócrata Cristiano, Órgano oficial de la Junta Promotora de la Capital Federal, 31 de octubre de 1955.

 

IV. LA COEXISTENCIA DEL BIEN COMÚN CON LA LIBRE INICIATIVA

El bien común no es —para la democracia cristiana— el bien individual ni la suma aritmética de los bienes individuales, sino el bien, simultáneamente, de la sociedad política en sí misma, y de las personas y sociedades intermedias consideradas en general, pero de ninguna manera en particular. Asimismo, podemos decir que el bien común es el conjunto organizado de las condiciones sociales gracias a las cuales las personas humanas pueden cumplir su destino natural y espiritual.

Si es cierto que la naturaleza del bien común es temporal, la democracia cristiana señala que lo temporal no comprende solamente lo material, sino también los valores intelectuales y morales; y señala, igualmente, que el bien común se relaciona, aunque en forma indirecta, con el fin último del hombre: su felicidad eterna. El bien común es un bien de personas humanas cuya vocación es la eternidad, afirman los demócrata-cristianos, quienes declaran que el bien común ayuda a las personas a cumplir su vocación de los siguientes modos:

a) Elevando el nivel material de la vida, por una distribución equitativa de las riquezas, a un estado conforme con su dignidad, ya que la miseria es incompatible con la virtud.

b) Luchando contra las taras que afectan al ser humano: enfermedades, adicciones, etc.

c) Haciendo llegar, a todos, los beneficios de la cultura en un ambiente de libertad y de respeto a los derechos de los padres y de la Iglesia en la educación.

d) Apartando los obstáculos sociales que se oponen al perfeccionamiento moral de las personas: pornografía, divorcio, prostitución, juego, etcétera.

e) Respetando los derechos inherentes a la persona y los derechos de la familia, que son anteriores al Estado, dado que una política de opresión y de anulación de las libertades personales puede comprometer lo eterno en las personas que no tienen vocación de héroes o de santos.

f) Ayudando y favoreciendo a la Iglesia en su misión espiritual, no por medios externos y de presión, sino estructurando un ambiente de libertad para el ejercicio de su misión espiritual.

g) Favoreciendo el desarrollo del espíritu de justicia, el ejercicio de la libertad, el amor al prójimo y de todas las virtudes morales que encuentran en el Evangelio su principio vivificador. Hablamos de favorecer la moral y no de imponerla, ya que todo lo exigible moralmente no debe ser exigido legalmente.

Santo Tomás de Aquino enseñó que el fin de la política es el bien común. Y la democracia cristiana, de acuerdo en un todo con sus enseñanzas, declara que al Estado corresponde el cuidado de ese fin de la política y que al organizar jurídicamente la sociedad al servicio del bien común, el Estado debe proporcionar a cada persona y a cada grupo social las condiciones que necesitan para realizar sus bienes particulares.

La noción del bien común es, por tanto, la guía segura de una democracia de inspiración cristiana. Sin embargo, los demócrata-cristianos declaran que el cuidado de ese bien común no ha de proporcionar al Estado una autoridad tan extensa que le permita dificultar la actividad individual de los miembros de la comunidad. Tampoco podrá alegar ese pretexto para decidir sobre el principio o el fin de la vida humana, ni para determinar a voluntad la forma de los movimientos físicos, espirituales, religiosos y morales de dichos miembros, contrariando su libertad, sus deberes y sus derechos. Y de ninguna manera le será lícito abolir el derecho natural de las personas a poseer bienes materiales (como lo ha hecho el Estado comunista). Sostener que, por corresponderle el cuidado del bien común, el Estado puede extender su autoridad en ese sentido, sería equivalente a destruir la noción misma del bien común, y sería caer en el error de considerar que la sociedad constituye la meta apropiada del hombre sobre la tierra, que la sociedad es, en sí misma, un fin, y que el hombre no tiene otra vida más allá de la que concluye aquí abajo.

Los demócrata-cristianos declaran, igualmente, que el bien del Estado es un elemento del bien común —elemento necesario—, pero que no es el bien común mismo. El bien del Estado como fin de sí mismo, es un concepto totalitario. El gobierno que sacrifica los bienes individuales y colectivos de las personas al bien propio del Estado, es un gobierno que tiene el poder, que obliga por coacción, pero que ha perdido la autoridad, es decir, el derecho de mandar y obligar en conciencia, ya que la autoridad encuentra su fundamento y su límite en el propio bien común. El Estado es el gerente del bien común, pero no el monopolizador de él, y todos están llamados a contribuir a su realización en la medida de su capacidad.

Una de las limitaciones que la democracia cristiana pone a la gerencia del bien común llevada a cabo por el Estado, es la de prohibirle que destruya o ponga trabas a la libre iniciativa particular. En muchas naciones se ha acentuado una peligrosa tendencia hacia la intervención del Estado en materia económica que llega, en algunos casos, hasta la supresión de la libre iniciativa privada en esa materia.

Pudiera ser que la eliminación de los empresarios privados trajera, en ciertas ocasiones y en algunos países, ventajas circunstanciales para solucionar angustiosos problemas del momento.

Pero, con toda seguridad, esa eliminación, si se efectúa sistemáticamente y en alto grado, ocasionará en el futuro una disminución del bienestar y de la riqueza de dicha nación. Además, la salvaguardia de la empresa libre es condición necesaria de la libertad individual v política, y aun de la libertad de conciencia. Lo cual no significa que el Estado se encuentre inhibido de ejercer un cierto control social sobre la iniciativa privada cuando ésta ponga en peligro el bien común. La democracia cristiana declara, pues, que la regla general es la libre empresa, y que sólo por excepción se admite que el Estado coarte la iniciativa privada. La excepción se encuentra claramente establecida por Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno: "Hay ciertas categorías de bienes para los cuales se puede sostener, y con razón, que ellos deben reservarse para la colectividad cuando lleguen a conferir un tal poder económico que no pueda dejarse, sin peligro para el bien público, en manos de personas privadas".

Sobre esta excepción, el Dr. Salvador Busacca, en su trabajo titulado Camino a la Democracia Cristiana, ha dicho lo siguiente: "Admitimos la necesidad de la nacionalización de determinadas zonas de producción o de los medios del intercambio cuando se hace absolutamente necesaria por su influencia, su valor estratégico, o su imposibilidad de explotación privada. Pero sólo lo admitimos con carácter excepcional, rechazando toda política de nacionalización general y permanente. La nacionalización en estos casos excepcionales, deberá ser efectuada, en lo posible, asumiendo formas cooperativas, con una fuerte participación del trabajo organizado, evitando la tendencia a la intervención di- recta y personal de los gobiernos"

La democracia cristiana considera que, en nuestra época, una de las libertades que con mayor facilidad se sacrifican, cuando en forma demagógica se pretende establecer una rápida justicia social, es la libertad económica. Y advierte que el estatismo en materia de economía política se ha convertido en un gigante que todo lo aplasta y todo lo devora. De tal modo, el condenable régimen capitalista individualista del siglo XIX fue reemplazado, en muchas naciones, por el aún más condenable régimen de capitalismo estatal. Las experiencias totalitarias han convencido a los pueblos de civilización cristiana de que la iniciativa privada es insustituible como motor de la actividad económica.

La democracia cristiana comprende las grandes ventajas que reporta poner la autoridad estatal al servicio de la economía para ordenarla; pero declara que esas ventajas no deben ser logradas mediante el sacrificio de las libertades políticas y civiles del ciudadano. Dar el pan a precio de la libertad, jamás constituirá una solución del problema económico.

La libre empresa en materia económica gravita en muchos problemas sociales referentes a las relaciones entre el individuo y la comunidad, y entre el capital y el trabajo. Esas relaciones preocupan inmensamente a la democracia cristiana. Ahora bien, los demócrata-cristianos no pueden dar reglas iguales para todas las naciones, pues en materia económica las circunstancias de tiempo y lugar varían tanto, que determinadas soluciones técnicas podrán ser acertadas para unas naciones y catastróficas para otras. En cambio, los demócrata-cristianos pueden establecer ciertos principios generales sobre el modo como será resuelta la cuestión social, principios que no han de impedir la coexistencia del bien común y la libre iniciativa privada, y que se concretarán en diversas soluciones técnicas de acuerdo con las cambiantes circunstancias de la sociedad en que se apliquen.

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Ambrosio Romero Carranza (San Fernando, 1904 – Buenos Aires, 18 de enero de 1999) fue un abogado, profesor universitario, periodista, político, historiador, filósofo y magistrado y líder intelectual católico argentino. Fue uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano y miembro de su primera Junta Nacional. Miembro de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la de Ciencias Morales y Políticas.